En Lules se abrió un enésimo capítulo en la tensión permanente entre los intereses empresariales y el derecho de la población a gozar de un ambiente sano. En el medio de esto, la permanente (y justificada) desconfianza vecinal ante cada nueva fábrica que se instala a la vuelta de sus casas. Ni siquiera la oferta laboral que una nueva planta fabril pudiera ofrecer (muchas veces, gran parte de la mano de obra no es oriunda del lugar) aplaca el temor ante el impacto que la industria puede causar. La construcción de una fábrica de aceite y jugo concentrado de limón en la ciudad de Lules por parte de la firma SA Veracruz ya lleva cuatro años de idas y vueltas, periodo en el que, hasta hoy, la resistencia de la población logró frenar la concreción de dicho proyecto.
Más allá de esto, nadie está conforme con lo que hoy sucede: los empresarios porque desde que empezaron las gestiones para levantar la planta en 2007, aún no pueden ponerla en funcionamiento con el perjuicio monetario que esto implica; los vecinos, porque temen que la paralización que hasta ahora vienen logrando, gracias a gestiones y movilizaciones permanentes, finalmente llegue a su fin producto de presiones políticas y económicas para que la fábrica se ponga en marcha. Con respecto a esto, hay un dato de peso que merece valorarse para entender claramente esta idea: el 23 de diciembre pasado un grupo de personas que supuestamente eran trabajadores de esta citrícola cortaron la ruta 301 y el tramo de la ruta 321, que une Lules con la autopista Famaillá-Tucumán para reclamar por la habilitación que la Intendencia aún no otorga a Veracruz. Días atrás, los aparentes empleados habían realizado una manifestación frente a la sede del Departamento Ejecutivo municipal, a cargo de César Dip (PJ). Desde la citrícola también juegan sus cartas para ejercer presión y destrabar el conflicto.
Por su parte, vecinos que se oponen a la fábrica aseguran que quienes integraron la movilización no eran trabajadores de Veracruz, sino manifestantes pagados por la empresa.
El principal argumento del que se vale la Intendencia local para frenar la construcción de la planta procesadora de jugo cítrico es su ubicación. Instalada sobre la ruta 301, (kilómetro 14.2), se halla en medio de los barrios Independencia, Residencial, San Martín y Rosario. A sólo 100 metros funciona la escuela Cabo 1º Méndez a la cual asisten 1.500 estudiantes. Este fue el motivo por el cual el municipio local clausuró la fábrica.
Paradójicamente, en junio de 2009, la propia Intendencia luleña declaró, mediante decreto, de Interés Municipal la instalación de la cuestionada industria.
Tras un encuentro con vecinos, tres concejales locales emitieron un comunicado aclarando que la planta no se ubica, según el Código de Planeamiento Urbano, en un área fabril. "Resulta irritante decir que es una zona industrial cuando la plaza principal de nuestra ciudad está ubicada solamente a cuadras", se quejaron los ediles.
"Es una barbaridad que habiliten una fábrica en medio de una zona residencial. Miles de personas podrían verse afectadas por los olores nauseabundos y los insectos que se generarían. Los piletones para el tratamiento de efluentes están pegados a las casas de la gente. No entendemos cómo el CPEA (Consejo Provincial de Economía y Ambiente, entidad encargada de estudiar y autorizar las Evaluaciones de Impacto Ambiental) autorizó este proyecto", reclamó Patricia Ghiggia, cuyo hogar se ubica a 50 metros del predio donde se ubica la paralizada obra.
Más allá de la localización, otro aspecto que los opositores al proyecto denuncian, es la posible contaminación del agua que se podría causar. Según Ghiggia, se arrojarían por día 18 mil litros de efluentes industriales al río Lules, afluente de la agonizante cuenca Salí-Dulce, con lo que se estaría frente a un nuevo caso de contaminación ambiental bajo la esfera de la Justicia federal. "Además se podrían afectar las napas freáticas del lugar afectando del cual dependen miles de personas", agregó.
En contraposición, Jorge Seleme, propietario de la firma, negó cualquier posibilidad de contaminación al sostener que el efluente a tratar en piletones sólo es agua del lavado de las maquinas y del piso de la industria, "a diferencia de otras industrias cítricas que deben tratar el agua del lavado de cáscara que es la causal de los problemas".
Según el empresario, el efluente se tratará en piletones usando tecnología diseñada por el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). "Se tratará el agua que se usará para lavar las máquinas, que son, ni más ni menos, que estrujadoras de limones", sostuvo.Por Esteban Stanich
Fuente: Primera fuente